Mientras tanto, otros militantes setentistas, generan alternativas al modelo de acumulación actual.
Decí Mu: la tierra del futuro
24 05 2013
martes, 28 de mayo de 2013
lunes, 27 de mayo de 2013
Visiones de una década
La década ganada:
La década extractiva:
Soja, minería, monocultivo de árboles y
petróleo. Desalojos, fumigaciones, desmontes y tierra en pocas manos.
Judicialización y represión sobre campesinos, indígenas y asambleas
socioambientales. Las corporaciones y los asesinatos en el campo profundo. Diez
años que dejaron heridas.
El monocultivo de soja abarcaba 12 millones de hectáreas en 2003 y, en diez años, pasó a ocupar 20 millones de hectáreas. La minería también fue por más: de 40 proyectos se pasó a 600 (creció 1500 por ciento). Sólo dos cifras, y dos actividades, que confirman el avance en la última década del extractivismo (agronegocios, forestales, minería, petróleo), con consecuencias que el relato oficial silencia: masivo uso de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales, leyes de escaso cumplimiento, concentración de tierras en pocas manos, judicialización y represión. Y la bienvenida a las corporaciones. Balance de una década extractiva.
Soja
Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia la soja ocupaba 12 millones de hectáreas (el 38 por ciento de las 25 millones de hectáreas cultivadas).
En 2012, la soja abarcó 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada. Llamada por técnicos y funcionarios de manera eufemística: “Corrimiento de la frontera agropecuaria”.
La soja transgénica, con uso de glifosato, fue aprobada en marzo de 1996 por el entonces Secretario de Agricultura, Felipe Solá. Gobierno de Carlos Menen. El Estado no realizó estudios propios. Basó su aprobación en informes de las propias empresas de agronegocios.
El Plan Estratégico Agroalimentario, gestado por el Ministerio de Agricultura de la Nación, provincias, universidades y empresas, fue presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2011. Explicita la profundización del modelo: un aumento del 60 por ciento de la producción granaria (llegar a los 160 millones de toneladas) y un avance en la superficie sembrada: de 33 millones de hectáreas actuales pretende llegar a las 42 millones.
No se avanzará sobre las grandes ciudades, sino sobre territorios campesinos e indígenas.
El avance del agronegocios llega incluso a límites inesperados: en Neuquén y Chubut ya se planifica soja y maíz transgénicos.
El uso de agrotóxicos alcanza, según un informe de los Médicos de Pueblos Fumigados, a 300 millones de litros por año. Otras consecuencias: al menos 200 mil familias expulsadas del campo, denuncia el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC). A su vez, datos del propia INTA confirman la concentración de tierras: el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias representa el 50 por ciento de la tierra. Y el 57 por ciento de las explotaciones agropecuarias (las más pequeñas) tienen sólo el tres por ciento. En Argentina se da una reforma agraria, pero al revés: muy pocos tienen casi todo, muchos no tienen casi nada.
En vísperas de los diez años de Gobierno, el MNCI, la Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), el Frente Nacional Campesino (FNC) y el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (Fonaf) emitieron un comunicado conjunto (organizaciones con buenos niveles de diálogo con el Gobierno): “Las organizaciones campesina e indígenas y de la agricultura familiar vamos por lo que falta”.
“En los últimos diez años las políticas públicas a favor de los sectores populares y de los mercados internos han brindado alivio a la resistencia de las economías campesinas-indígenas pero aún falta. El gigantesco avance de la frontera agropecuaria se acompañó de concentración de la tierra, monocultivo de soja y la commoditización de nuestro campo”, afirma el comunicado. Y describe la situación actual: “El desmantelamiento de la economía nacional, la destrucción y concentración de la cadena de valor y del consumo interno y la enorme dependencia de divisas en el monocultivo de soja”.
Señalan además que “hay muy buenas condiciones para dar un giro en la política” para fortalecer al campesinado y promover otro modelo agropecuario, pero alerta que “no es posible si no se cambian las reglas de juego, especialmente debe legislarse sobre la función social de la tierra y a favor de la economía popular”.
Destacan diez puntos: “tierra, trabajo y dignidad en el campo”, frenar los desalojos, política integral de tierras, fortalecer la producción campesina y la soberanía alimentaria, repoblar el campo, limitar los agrotóxicos y una ley de semillas que proteja las semillas nativas y criollas.
Monocultivo de árboles
La Ley 25.080 fue aprobado por el menemismo (1999). Subsidia todos los pasos productivos, las empresas no deben pagar impuesto inmobiliario por las tierras y están exentos del pago sobre ingresos brutos. Además cuentan con devolución del IVA. Otorga “estabilidad fiscal” por 30 años (cualquier modificación impositiva, que afecta a todos los ciudadanos, no modifica el régimen fiscal de las compañías).
El monocultivo de árboles (con iguales consecuencias que la soja) pasó de 600 mil hectáreas en 1998 al doble (1,2 millones) en 2008. La Asociación Forestal Argentina (AFOA) proyecta llegar, en 2018, a tres millones de hectáreas.
Misiones concentra el 59 por ciento del monocultivo forestal. Le siguen Entre Ríos (11 por ciento), Buenos Aires y Corrientes (ambas con ocho por ciento).
Una sola multinacional del sector (Alto Paraná) concentra el diez por ciento de la tierra de Misiones (233 mil hectáreas). Y es el emblema del monocultivo en la tierra colorada.
La ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero fue prorrogada por el Congreso en noviembre de 2008. Hasta el 2018, como pedían las empresas nucleadas en AFOA.
Petróleo
Néstor Kirchner recibió YPF ya privatizada (por Carlos Menem). En octubre de 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.154, que amplió los beneficios impositivos que ya tenían las petroleras y gasíferas. También se renovaron las concesiones de yacimientos (por ejemplo, Cerro Dragón). “En política hidrocarburífera, los últimos diez años fueron una consolidación y profundización del neoliberalismo de la década del noventa. Hubo renovación de concesiones y amplios beneficios para los actores transnacionales, donde se les mantuvieron todos los amplios beneficios que tenían”, afirmó Diego Di Risio, del Observatorio Petrolero Sur.
El OPS señaló que la “estatización parcial” del YPF creó expectativas y pensaron en la posibilidad de que sea un punto de inflexión. “El último año ha dado señales claras de que se mantiene el modelo. La estatización sólo busca disputar la renta, solucionar los problemas de déficit energético y se sigue tratando como un commodity, sin cambio de concepción con respecto a la década del noventa”, afirmó Di Risio.
No duda que, al igual que con la soja, se experimenta un “corrimiento de la frontera hidrocarburífera”. Muestra de eso: la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) estaba integrada por diez provincias (las de tradición petrolera). Desde 2006, todas las provincias restantes modificaron sus legislaciones para favorecer concesiones para la exploración de hidrocarburos. “Claras zonas donde avanza la frontera es en Entre Ríos, Salta y Mendoza, entre otras”, precisó Di Risio.
La actividad petrolera sumó un nuevo cuestionamiento la extracción con la técnica de "fractura hidráulica" (también llamado “fracking”). El agotamiento de las reservas hidrocarburíferas llevó al desarrollo de técnicas para explotar yacimiento “no convencionales”, que se encuentran en una “roca madre”. Es necesaria la fractura hidráulica, con grandes volúmenes de agua y químicos a presión que rompen la roca y extraen el hidrocarburo.
El fracking ya fue prohibido en Francia y Bulgaria. Y en estados de Australia, Sudáfrica, Canadá, Suiza y Estados Unidos. En Argentina fue prohibido, en los últimos seis meses, en Cinco Saltos (Río Negro), San Carlos, Tupungato (Mendoza) y en las entrerrianas Concepción del Uruguay, Colón y Los Conquistadores.
YPF presentó el 30 de agosto de 2012 su “Estrategia de gestión 2013-3017”. En la página 51 señala que “Argentina tiene un enorme potencial de no convencional” e identifica siete cuencas que involucran a 18 provincias.
La semana pasada, YPF anunció la firma de un “preacuerdo” con la estadounidense Chevron, para explotar la formación Vaca Muerta (cuenca neuquina). Y avanzar también en la exploración de la formación Cacheuta (Mendoza).
La Confederación Mapuche de Neuquén denunció que se está violando toda la legislación indígena (provincial, nacional e internacional) que obliga al “consentimiento libre, previo e informado” de las comunidades. La Confederación Mapuche ya alertó que resistirá el nuevo avance petrolero.
Minería
La Secretaría de Minería de Nación emitió el 13 de enero de 2012 un comunicado: “Histórica inversión (minera)”. Informó el aumento de la exploración en un 664 por ciento en los últimos ocho años. El comunicado remarcó que “el récord histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor dinámica en esta actividad” y explicó que ”el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”. Y detalló que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.
Siempre según datos oficiales (informe “La minería en números”), en 2003 había sólo 40 proyectos mineros en estudio. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en 2003.
Nunca antes la minería había crecido tanto.
El jueves 9 de febrero de 2012, en un discurso público, la Presidenta hizo una puesta en escena con un trabajador minero (que reivindicó la actividad y cuestionó a los ambientalistas --luego se supo que era un militante del PJ--) y reconoció la necesidad de “una discusión en serio” respecto a la minería.
El viernes 10 de febrero, a las 3.45, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle, donde también se frenaba el avance de camiones de Alumbrera.
“En estos últimos diez años la minería fue uno de los sectores que más creció en Argentina, como demuestran los proyectos de inversión en ejecución que totalizan 614, contra los 18 que había en 2003, y una producción de minerales que se multiplicó por diez”, celebra el cable de la agencia estatal Telam del 19 de mayo pasado. El título es claro: “Década minera. Uno de los sectores que más creció entre 2003 y 2013”.
Y cita al secretario de Minería, Jorge Mayoral: “La puesta en marcha del Plan Minero Nacional (presentado en 2004) dio como resultado un nivel de crecimiento sin precedentes". Y destacó que la premisa del Gobierno es "profundizar la visión de considerar a la Minería como política de Estado”.
Otro dato de importancia sectorial fue la constitución de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), en 2012, con la participación de las provincias mineras, con el fin de favorecer el desarrollo regional generando empleos y oportunidades para pymes de servicios nacionales. Espacio gubernamental-empresario para impulsar la actividad.
La megaminería es cuestionada por medio centenar de asambleas cordilleranas que denuncian al menos cuatro puntos de la actividad: la contaminación ambiental, el despojo de los recursos naturales (“bienes comunes”), el cambio drástico que implica la llegada de la megaminería a pueblos y pequeñas ciudades, y falta de consulta sobre qué futuro desean para los lugares donde viven. No aceptan que empresarios y políticos decidan, sin escuchar a las poblaciones, la explotación de yacimientos mineros.
En la última década, sólo dos ciudades pudieron votar si aceptaban o rechazaban la megaminería. Esquel (2003) y Loncopué (Neuquén, 2012). En ambas gano el “no a la mina” por más del 80 por ciento de los votos. Los gobiernos provinciales han prohibido plebiscitos en Calingasta (San Juan), Andalgalá y Tinogasta (Catamarca), y en Famatina y Chilecito (La Rioja).
Leyes
En la última década el Congreso Nacional, con mayoría oficialista, sancionó tres leyes que pueden leerse como posibles frenos al extractivismo.
En noviembre de 2006 se sancionó la Ley 26.160, que frena los procesos judiciales de desalojos de comunidades indígenas. Y ordena relevar, en tres años, todos los territorios indígenas.
El retraso del relevamiento obligó a prorrogar la ley, hasta noviembre de 2013. A casi seis años de la sanción, hay provincias donde aún no ha comenzado el relevamiento (Neuquén).
La Auditoría General de la Nación (AGN) alertó en junio de 2012 que en tres años sólo se había relevado el cuatro por ciento de las comunidades y destacó que se desconocían el destino del 70 por ciento de los 24 millones de pesos que se giraron a las provincias para llevar adelante el programa. “El Programa de Relevamiento Territorial ha logrado un escaso nivel de ejecución en sus primeros tres años de implementación, sobre 1470 comunidades indígenas se relevaron las carpetas técnicas de 62, esto es el 4,22 por ciento”, denunció la AGN.
La llamada “ley de glaciares” fue sancionada dos veces. Fue aprobada por amplia mayoría del Congreso el 22 de octubre de 2008. Se interpretaba, de aplicarse, como un virtual freno a la avanzada de la megaminería. Fue vetada por la Presidenta el 10 de noviembre. “El veto Barrick”, la bautizó el funcionario nacional, Enrique Martínez, entonces presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
En septiembre de 2010 volvió a aprobarse. Llamada formalmente Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial. Prohíbe las actividades contaminantes en los cuerpos de agua, hielo y sus zonas aledañas, y establece que el Inventario Nacional de Glaciares debe ser realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet.
La norma fue frenada judicialmente por un medida cautelar (por una presentación de la empresa Barrick Gold en San Juan). Recién en julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia ratificó la vigencia de la ley.
La norma estableció un plazo de 180 días para la realización del relevamiento.
En marzo pasado, el Ianiglia difundió una gacetilla con el “primer informe del Inventario Nacional de Glaciares”. Relevó “cuerpos de hielo” en seis provincias, donde “se identificaron más de 4 mil glaciares que cubren un área superior a los 3.700 kilómetros cuadrados”.
El Ianiglia presentó el trabajo a la Secretaría de Ambiente de la Nación. Pero nunca hizo público los informes completos.
La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (más conocida como Ley de Bosques) se sancionó el 28 de noviembre de 2007. Pero la Presidenta tardó catorce meses en reglamentarla. Lo hizo luego del alud que inundó y destruyó parte de la ciudad de Tartagal, febrero de 2009, donde organizaciones sociales y académicos apuntaron a la tala selectiva por venta de madera y por la actividad petrolera.
A cinco años de la sanción de la norma, en febrero pasado, Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Vida Silvestre presentaron un informe conjunto en el que --en base a datos oficiales-- evaluaron el nivel de cumplimiento de la Ley de Bosques. “Si bien desde la sanción de la Ley el promedio de deforestación anual disminuyó casi un 20 por ciento (pasó de aproximadamente 280.000 a 230.000 hectáreas al año), el mismo sigue siendo muy elevado: según datos oficiales entre 2008 y 2011 se desmontaron 932.109 hectáreas. Santiago del Estero (399.660), Salta (222.868), Formosa (113.109) y Chaco (102.592) han sido las provincias con mayor deforestación”, afirman las ONGs.
El informe, llamado “Ley de Bosques: cinco años con pocos avances”, estima que desde la sanción de la ley hasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas. 229.009 hectáreas por año, 627 hectáreas por día. 26 hectáreas por hora. Si se suman los desmontes del periodo 2004-2008 (1.356.868), en los últimos nueve años se arrasaron 2.501.912, el equivalente a 124 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
Una ley, nacida de las organizaciones campesinas, fue presentada en noviembre de 2011. Propone frenar los desalojos rurales por cinco años. Aunque fue presentada por legisladores oficialistas (Frente Transversal y Movimiento Evita), el proyecto no fue aprobado.
Corporaciones
“No soy la Presidenta de las corporaciones”, afirmó Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre de 2011, en el discurso de reasunción, en el Congreso Nacional.
En abril de 2009, la Presidenta recibió en Casa de Gobierno a Peter Munk, presidente de Barrick Gold, la mayor multinacional minera. El encuentro se repitió en junio de 2010, en Toronto (Canadá), en el marco de la cumbre del G20. El veto a la ley de glaciares y el desarrollo de Pascua Lama (proyecto binacional, con Chile, de extracción de oro) fueron parte de las crónicas periodísticas.
El 15 de junio de 2012, en un almuerzo en el Consejo de las Américas (espacio emblemático del establishment económico estadounidense), la Presidenta anunció: “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz. Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. Aquí tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con una nueva digamos semilla de carácter transgénico”.
Monsanto es la mayor corporación del agronegocios. Domina el 27 por ciento del mercado de semillas (transgénicas y convencionales), el 86 por ciento del mercado de transgénicas y es uno de los mayores productores de agrotóxicos.
Dos meses después del anunció, en agosto, el Ministro de Agricultura aprobó a Monsanto una nueva semilla de soja (“RR2 Intacta”).
Como ya fue mencionado, YPF anunció un “preacuerdo” con la estadounidense Chevron. Se trata de una de las mayores compañías petroleras del mundo, fue condenada en Ecuador a pagar 19.000 millones de dólares por contaminación: 103 millones de litros de crudo derramado (650 mil barriles), 63.000 millones de litros de agua tóxica arrojada a ríos y la contaminación de dos millones de hectáreas donde vivían y trabajaban pueblos indígenas y campesinos.
Modelo
Horacio Machado Aráoz es docente de la Universidad Nacional de Catamarca y militante del Colectivo Sumaj Kawsay (parte de la Asamblea Socioambiental del NOA -Asanoa-). “Si bien en muchos aspectos y dimensiones esta década pasada ha significado el avance en la restitución y recuperación de derechos conculcados y/o vulnerados desde el terrorismo de estado al neoliberalismo de guerra de los '90, también hay que marcar en esta década se ha abierto también un nuevo ciclo de violación a los derechos humanos”, afirma Machado Aráoz. Y denuncia: “Los derechos más elementales de poblaciones fumigadas, intoxicadas a gran escala, sometidas a voladuras y a la contaminación masiva de sus fuentes de agua, sus suelos y su atmósfera, poblaciones perseguidas y reprimidas, por policías provinciales, por la Gendarmería y por patotas y guardias para-policiales armadas desde una perversa articulación 'público-privada' por terratenientes sojeros, empresarios mineros, petroleros, y caudillos políticos provincianos”.
Araóz, coautor del libro “15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina”, describe que en la última década en las provincias ha crecido el (término nuevo) “feu-deralismo extractivista”. Explica que los “ingresos” de las actividades primario-exportadoras han contribuido muy poco a avanzar en la democratización de las sociedades: "Si bien se han recuperado los niveles de empleo y se ha reducido la pobreza, también es cierto que ha crecido la proporción de la población cautiva, sujeta a los mandatos de punteros políticos que manejan la administración arbitraria de políticas y recursos asistencialistas”.
Resume al extractivismo como la “combinación de la depredación de los ecosistemas, la degradación de las condiciones de salud, y el deterioro y vulneración de derechos y las condiciones de una democracia sustantiva”.
Pueblos originarios
En mayo de 2010, una histórica marcha de pueblos indígenas llegó hasta Plaza de Mayo, en el marco de las celebraciones del “Bicentenario”. Habían marchado durante una semana en tres columnas (NOA, NEA y Patagonia). Y fueron recibidos por la Presidenta. Hubo promesas de nuevas leyes, entrega de radios comunitarias y fotos protocolares, pero no hubo respuesta sobre la principal demanda de los pueblos indígenas: el territorio.
Un año después, se conoció el audio de esa histórica reunión. La Presidenta advirtió que priorizará la actividad petrolera por sobre las comunidades y les pidió ser “inteligentes” para aceptar los avances de la modernidad.
Fue la confirmación de que el modelo extractivo (ejemplificado con el petróleo) iba a tener prioridad por sobre territorio indígena. El discurso de la Presidenta duró 14 minutos y 57 segundos. Llamó en nueve oportunidades a ser “inteligentes” para negociar y aceptar los cambios. También llamó a ser “realistas” y “sensatos”.
Cuando la reunión terminaba, de imprevisto, tomó la palabra Paz Argentina Quiroga, Amta (guía espiritual) del Pueblo Nación Warpe de San Juan. ”Le pido que tenga una reflexión en relación a estas cuestiones porque no es sólo un problema de discriminación, es una deuda histórica que el país de los argentinos que va a cumplir 200 años todavía tiene (...) Soy capaz de decirle en la cara y mirándola a los ojos, voy a decirle a usted, tenemos mucha inteligencia. No se trata sólo de organizarse y ser inteligente cuando tenemos un territorio avasallado por las trasnacionales”, contestó la referente warpe y, frente a la misma Presidenta, le aclaró: ”somos un pueblo espiritual y de resistencia. Hemos resistido pero también necesitamos de un estado nacional y provincial que ejecute las leyes”.
A tres años de aquel hecho histórico, la guía espiritual evalúa los diez años de gobierno kirchnerista: “Esta década unos la dan por 'ganada' y otros por 'perdida'. Para los pueblos indígenas es una década ensangrentada, llena de dolor, desalojos y judicialización. Este Gobierno no cesa con sus planes extractivistas, una muestra es que entrega la cordillera a las multinacionales mineras. Pero estamos de pie y seguiremos en lucha”.
Un capítulo aparte debiera escribirse sobre la lucha de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa. La sistemática violencia del gobierno de Gildo Insfrán es un símbolo de padecer de los pueblos originarios de Argentina y de la impunidad de los gobiernos feudales.
Represión
El 9 de febrero de 2012, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta (Catamarca) a hombres, mujeres y niños que cortaban el paso a los camiones de Minera Alumbrera, símbolo de la megaminería en Argentina. Hubo balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases lacrimógenos para todos.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC, que reúne a asambleas de todo el país) declaró el estado de altera y movilización. “La respuesta de los gobiernos cómplices de las transnacionales ha sido la represión (…) Las amenazas y los maltratos hacia las resistencias populares a la brutal megaminería no finalizan (…) La brutalidad y las amenazas provenientes del Estado nacional y los estados provinciales, no cesa. Las empresas mineras pretenden avanzar sin más, imponiendo su política de ganancias y destrucción”.
En julio pasado, en Cerro Negro (cruce de rutas 40 y 60), la policía de Catamarca y grupos de choque reprimieron a asambleístas que rechazan la megaminería y bloqueaban el paso de camiones de Minera Alumbrera. En un hecho insólito en democracia, 56 militantes fueron forzados por la policía a dejar la provincia.
En noviembre pasado fue el turno de Rawson, donde patotas promineras, de la Uocra y punteros políticos golpearon con cadenas y palos a asambleístas en la puerta de Legislatura.
El sábado 11 de mayo pasado reprimieron a asambleístas de Famatina (La Rioja), que resiste el avance de la megaminería. El miércoles 22 de mayo, la policía de Chaco reprimió un corte de ruta en Castelli (realizado por comunidades qom y organizaciones sociales que reclamaban por la forma de distribución de planes sociales). Ayer nomás, 24 de mayo, fue el turno de comunidades Tonocoté en Santiago del Estero.
Sólo un puñado de las decenas de represiones de los últimos años.
Y la judicialización también está presente. Solo en el NOA hay 150 activistas socioambientales judicializados. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas contabilizó 347 integrantes del Pueblo Mapuche judicializados en Neuquén por defender el territorio. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC) precisa que 500 campesinos enfrentan causas judiciales por resistir los desalojos.
En los últimos años cinco años se sucedieron asesinatos y muertes dudosas (catalogados como “accidentes” por la policía pero denunciadas como asesinatos por las organizaciones sociales). Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé --beba de 10 meses-- (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera), Florentín Díaz (22 de mayo, qom de Chaco).
Tanto la violencia contra asambleas socioambientales como los asesinatos de campesinos e indígenas tienen un denominador común: el silencio de la Presidenta.
Fuente: http://www.comambiental.com.ar/2013/05/la-decada-extractiva.html
El monocultivo de soja abarcaba 12 millones de hectáreas en 2003 y, en diez años, pasó a ocupar 20 millones de hectáreas. La minería también fue por más: de 40 proyectos se pasó a 600 (creció 1500 por ciento). Sólo dos cifras, y dos actividades, que confirman el avance en la última década del extractivismo (agronegocios, forestales, minería, petróleo), con consecuencias que el relato oficial silencia: masivo uso de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales, leyes de escaso cumplimiento, concentración de tierras en pocas manos, judicialización y represión. Y la bienvenida a las corporaciones. Balance de una década extractiva.
Soja
Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia la soja ocupaba 12 millones de hectáreas (el 38 por ciento de las 25 millones de hectáreas cultivadas).
En 2012, la soja abarcó 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada. Llamada por técnicos y funcionarios de manera eufemística: “Corrimiento de la frontera agropecuaria”.
La soja transgénica, con uso de glifosato, fue aprobada en marzo de 1996 por el entonces Secretario de Agricultura, Felipe Solá. Gobierno de Carlos Menen. El Estado no realizó estudios propios. Basó su aprobación en informes de las propias empresas de agronegocios.
El Plan Estratégico Agroalimentario, gestado por el Ministerio de Agricultura de la Nación, provincias, universidades y empresas, fue presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2011. Explicita la profundización del modelo: un aumento del 60 por ciento de la producción granaria (llegar a los 160 millones de toneladas) y un avance en la superficie sembrada: de 33 millones de hectáreas actuales pretende llegar a las 42 millones.
No se avanzará sobre las grandes ciudades, sino sobre territorios campesinos e indígenas.
El avance del agronegocios llega incluso a límites inesperados: en Neuquén y Chubut ya se planifica soja y maíz transgénicos.
El uso de agrotóxicos alcanza, según un informe de los Médicos de Pueblos Fumigados, a 300 millones de litros por año. Otras consecuencias: al menos 200 mil familias expulsadas del campo, denuncia el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC). A su vez, datos del propia INTA confirman la concentración de tierras: el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias representa el 50 por ciento de la tierra. Y el 57 por ciento de las explotaciones agropecuarias (las más pequeñas) tienen sólo el tres por ciento. En Argentina se da una reforma agraria, pero al revés: muy pocos tienen casi todo, muchos no tienen casi nada.
En vísperas de los diez años de Gobierno, el MNCI, la Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), el Frente Nacional Campesino (FNC) y el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (Fonaf) emitieron un comunicado conjunto (organizaciones con buenos niveles de diálogo con el Gobierno): “Las organizaciones campesina e indígenas y de la agricultura familiar vamos por lo que falta”.
“En los últimos diez años las políticas públicas a favor de los sectores populares y de los mercados internos han brindado alivio a la resistencia de las economías campesinas-indígenas pero aún falta. El gigantesco avance de la frontera agropecuaria se acompañó de concentración de la tierra, monocultivo de soja y la commoditización de nuestro campo”, afirma el comunicado. Y describe la situación actual: “El desmantelamiento de la economía nacional, la destrucción y concentración de la cadena de valor y del consumo interno y la enorme dependencia de divisas en el monocultivo de soja”.
Señalan además que “hay muy buenas condiciones para dar un giro en la política” para fortalecer al campesinado y promover otro modelo agropecuario, pero alerta que “no es posible si no se cambian las reglas de juego, especialmente debe legislarse sobre la función social de la tierra y a favor de la economía popular”.
Destacan diez puntos: “tierra, trabajo y dignidad en el campo”, frenar los desalojos, política integral de tierras, fortalecer la producción campesina y la soberanía alimentaria, repoblar el campo, limitar los agrotóxicos y una ley de semillas que proteja las semillas nativas y criollas.
Monocultivo de árboles
La Ley 25.080 fue aprobado por el menemismo (1999). Subsidia todos los pasos productivos, las empresas no deben pagar impuesto inmobiliario por las tierras y están exentos del pago sobre ingresos brutos. Además cuentan con devolución del IVA. Otorga “estabilidad fiscal” por 30 años (cualquier modificación impositiva, que afecta a todos los ciudadanos, no modifica el régimen fiscal de las compañías).
El monocultivo de árboles (con iguales consecuencias que la soja) pasó de 600 mil hectáreas en 1998 al doble (1,2 millones) en 2008. La Asociación Forestal Argentina (AFOA) proyecta llegar, en 2018, a tres millones de hectáreas.
Misiones concentra el 59 por ciento del monocultivo forestal. Le siguen Entre Ríos (11 por ciento), Buenos Aires y Corrientes (ambas con ocho por ciento).
Una sola multinacional del sector (Alto Paraná) concentra el diez por ciento de la tierra de Misiones (233 mil hectáreas). Y es el emblema del monocultivo en la tierra colorada.
La ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero fue prorrogada por el Congreso en noviembre de 2008. Hasta el 2018, como pedían las empresas nucleadas en AFOA.
Petróleo
Néstor Kirchner recibió YPF ya privatizada (por Carlos Menem). En octubre de 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.154, que amplió los beneficios impositivos que ya tenían las petroleras y gasíferas. También se renovaron las concesiones de yacimientos (por ejemplo, Cerro Dragón). “En política hidrocarburífera, los últimos diez años fueron una consolidación y profundización del neoliberalismo de la década del noventa. Hubo renovación de concesiones y amplios beneficios para los actores transnacionales, donde se les mantuvieron todos los amplios beneficios que tenían”, afirmó Diego Di Risio, del Observatorio Petrolero Sur.
El OPS señaló que la “estatización parcial” del YPF creó expectativas y pensaron en la posibilidad de que sea un punto de inflexión. “El último año ha dado señales claras de que se mantiene el modelo. La estatización sólo busca disputar la renta, solucionar los problemas de déficit energético y se sigue tratando como un commodity, sin cambio de concepción con respecto a la década del noventa”, afirmó Di Risio.
No duda que, al igual que con la soja, se experimenta un “corrimiento de la frontera hidrocarburífera”. Muestra de eso: la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) estaba integrada por diez provincias (las de tradición petrolera). Desde 2006, todas las provincias restantes modificaron sus legislaciones para favorecer concesiones para la exploración de hidrocarburos. “Claras zonas donde avanza la frontera es en Entre Ríos, Salta y Mendoza, entre otras”, precisó Di Risio.
La actividad petrolera sumó un nuevo cuestionamiento la extracción con la técnica de "fractura hidráulica" (también llamado “fracking”). El agotamiento de las reservas hidrocarburíferas llevó al desarrollo de técnicas para explotar yacimiento “no convencionales”, que se encuentran en una “roca madre”. Es necesaria la fractura hidráulica, con grandes volúmenes de agua y químicos a presión que rompen la roca y extraen el hidrocarburo.
El fracking ya fue prohibido en Francia y Bulgaria. Y en estados de Australia, Sudáfrica, Canadá, Suiza y Estados Unidos. En Argentina fue prohibido, en los últimos seis meses, en Cinco Saltos (Río Negro), San Carlos, Tupungato (Mendoza) y en las entrerrianas Concepción del Uruguay, Colón y Los Conquistadores.
YPF presentó el 30 de agosto de 2012 su “Estrategia de gestión 2013-3017”. En la página 51 señala que “Argentina tiene un enorme potencial de no convencional” e identifica siete cuencas que involucran a 18 provincias.
La semana pasada, YPF anunció la firma de un “preacuerdo” con la estadounidense Chevron, para explotar la formación Vaca Muerta (cuenca neuquina). Y avanzar también en la exploración de la formación Cacheuta (Mendoza).
La Confederación Mapuche de Neuquén denunció que se está violando toda la legislación indígena (provincial, nacional e internacional) que obliga al “consentimiento libre, previo e informado” de las comunidades. La Confederación Mapuche ya alertó que resistirá el nuevo avance petrolero.
Minería
La Secretaría de Minería de Nación emitió el 13 de enero de 2012 un comunicado: “Histórica inversión (minera)”. Informó el aumento de la exploración en un 664 por ciento en los últimos ocho años. El comunicado remarcó que “el récord histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor dinámica en esta actividad” y explicó que ”el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”. Y detalló que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.
Siempre según datos oficiales (informe “La minería en números”), en 2003 había sólo 40 proyectos mineros en estudio. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en 2003.
Nunca antes la minería había crecido tanto.
El jueves 9 de febrero de 2012, en un discurso público, la Presidenta hizo una puesta en escena con un trabajador minero (que reivindicó la actividad y cuestionó a los ambientalistas --luego se supo que era un militante del PJ--) y reconoció la necesidad de “una discusión en serio” respecto a la minería.
El viernes 10 de febrero, a las 3.45, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle, donde también se frenaba el avance de camiones de Alumbrera.
“En estos últimos diez años la minería fue uno de los sectores que más creció en Argentina, como demuestran los proyectos de inversión en ejecución que totalizan 614, contra los 18 que había en 2003, y una producción de minerales que se multiplicó por diez”, celebra el cable de la agencia estatal Telam del 19 de mayo pasado. El título es claro: “Década minera. Uno de los sectores que más creció entre 2003 y 2013”.
Y cita al secretario de Minería, Jorge Mayoral: “La puesta en marcha del Plan Minero Nacional (presentado en 2004) dio como resultado un nivel de crecimiento sin precedentes". Y destacó que la premisa del Gobierno es "profundizar la visión de considerar a la Minería como política de Estado”.
Otro dato de importancia sectorial fue la constitución de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), en 2012, con la participación de las provincias mineras, con el fin de favorecer el desarrollo regional generando empleos y oportunidades para pymes de servicios nacionales. Espacio gubernamental-empresario para impulsar la actividad.
La megaminería es cuestionada por medio centenar de asambleas cordilleranas que denuncian al menos cuatro puntos de la actividad: la contaminación ambiental, el despojo de los recursos naturales (“bienes comunes”), el cambio drástico que implica la llegada de la megaminería a pueblos y pequeñas ciudades, y falta de consulta sobre qué futuro desean para los lugares donde viven. No aceptan que empresarios y políticos decidan, sin escuchar a las poblaciones, la explotación de yacimientos mineros.
En la última década, sólo dos ciudades pudieron votar si aceptaban o rechazaban la megaminería. Esquel (2003) y Loncopué (Neuquén, 2012). En ambas gano el “no a la mina” por más del 80 por ciento de los votos. Los gobiernos provinciales han prohibido plebiscitos en Calingasta (San Juan), Andalgalá y Tinogasta (Catamarca), y en Famatina y Chilecito (La Rioja).
Leyes
En la última década el Congreso Nacional, con mayoría oficialista, sancionó tres leyes que pueden leerse como posibles frenos al extractivismo.
En noviembre de 2006 se sancionó la Ley 26.160, que frena los procesos judiciales de desalojos de comunidades indígenas. Y ordena relevar, en tres años, todos los territorios indígenas.
El retraso del relevamiento obligó a prorrogar la ley, hasta noviembre de 2013. A casi seis años de la sanción, hay provincias donde aún no ha comenzado el relevamiento (Neuquén).
La Auditoría General de la Nación (AGN) alertó en junio de 2012 que en tres años sólo se había relevado el cuatro por ciento de las comunidades y destacó que se desconocían el destino del 70 por ciento de los 24 millones de pesos que se giraron a las provincias para llevar adelante el programa. “El Programa de Relevamiento Territorial ha logrado un escaso nivel de ejecución en sus primeros tres años de implementación, sobre 1470 comunidades indígenas se relevaron las carpetas técnicas de 62, esto es el 4,22 por ciento”, denunció la AGN.
La llamada “ley de glaciares” fue sancionada dos veces. Fue aprobada por amplia mayoría del Congreso el 22 de octubre de 2008. Se interpretaba, de aplicarse, como un virtual freno a la avanzada de la megaminería. Fue vetada por la Presidenta el 10 de noviembre. “El veto Barrick”, la bautizó el funcionario nacional, Enrique Martínez, entonces presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
En septiembre de 2010 volvió a aprobarse. Llamada formalmente Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial. Prohíbe las actividades contaminantes en los cuerpos de agua, hielo y sus zonas aledañas, y establece que el Inventario Nacional de Glaciares debe ser realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet.
La norma fue frenada judicialmente por un medida cautelar (por una presentación de la empresa Barrick Gold en San Juan). Recién en julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia ratificó la vigencia de la ley.
La norma estableció un plazo de 180 días para la realización del relevamiento.
En marzo pasado, el Ianiglia difundió una gacetilla con el “primer informe del Inventario Nacional de Glaciares”. Relevó “cuerpos de hielo” en seis provincias, donde “se identificaron más de 4 mil glaciares que cubren un área superior a los 3.700 kilómetros cuadrados”.
El Ianiglia presentó el trabajo a la Secretaría de Ambiente de la Nación. Pero nunca hizo público los informes completos.
La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (más conocida como Ley de Bosques) se sancionó el 28 de noviembre de 2007. Pero la Presidenta tardó catorce meses en reglamentarla. Lo hizo luego del alud que inundó y destruyó parte de la ciudad de Tartagal, febrero de 2009, donde organizaciones sociales y académicos apuntaron a la tala selectiva por venta de madera y por la actividad petrolera.
A cinco años de la sanción de la norma, en febrero pasado, Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Vida Silvestre presentaron un informe conjunto en el que --en base a datos oficiales-- evaluaron el nivel de cumplimiento de la Ley de Bosques. “Si bien desde la sanción de la Ley el promedio de deforestación anual disminuyó casi un 20 por ciento (pasó de aproximadamente 280.000 a 230.000 hectáreas al año), el mismo sigue siendo muy elevado: según datos oficiales entre 2008 y 2011 se desmontaron 932.109 hectáreas. Santiago del Estero (399.660), Salta (222.868), Formosa (113.109) y Chaco (102.592) han sido las provincias con mayor deforestación”, afirman las ONGs.
El informe, llamado “Ley de Bosques: cinco años con pocos avances”, estima que desde la sanción de la ley hasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas. 229.009 hectáreas por año, 627 hectáreas por día. 26 hectáreas por hora. Si se suman los desmontes del periodo 2004-2008 (1.356.868), en los últimos nueve años se arrasaron 2.501.912, el equivalente a 124 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
Una ley, nacida de las organizaciones campesinas, fue presentada en noviembre de 2011. Propone frenar los desalojos rurales por cinco años. Aunque fue presentada por legisladores oficialistas (Frente Transversal y Movimiento Evita), el proyecto no fue aprobado.
Corporaciones
“No soy la Presidenta de las corporaciones”, afirmó Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre de 2011, en el discurso de reasunción, en el Congreso Nacional.
En abril de 2009, la Presidenta recibió en Casa de Gobierno a Peter Munk, presidente de Barrick Gold, la mayor multinacional minera. El encuentro se repitió en junio de 2010, en Toronto (Canadá), en el marco de la cumbre del G20. El veto a la ley de glaciares y el desarrollo de Pascua Lama (proyecto binacional, con Chile, de extracción de oro) fueron parte de las crónicas periodísticas.
El 15 de junio de 2012, en un almuerzo en el Consejo de las Américas (espacio emblemático del establishment económico estadounidense), la Presidenta anunció: “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz. Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. Aquí tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con una nueva digamos semilla de carácter transgénico”.
Monsanto es la mayor corporación del agronegocios. Domina el 27 por ciento del mercado de semillas (transgénicas y convencionales), el 86 por ciento del mercado de transgénicas y es uno de los mayores productores de agrotóxicos.
Dos meses después del anunció, en agosto, el Ministro de Agricultura aprobó a Monsanto una nueva semilla de soja (“RR2 Intacta”).
Como ya fue mencionado, YPF anunció un “preacuerdo” con la estadounidense Chevron. Se trata de una de las mayores compañías petroleras del mundo, fue condenada en Ecuador a pagar 19.000 millones de dólares por contaminación: 103 millones de litros de crudo derramado (650 mil barriles), 63.000 millones de litros de agua tóxica arrojada a ríos y la contaminación de dos millones de hectáreas donde vivían y trabajaban pueblos indígenas y campesinos.
Modelo
Horacio Machado Aráoz es docente de la Universidad Nacional de Catamarca y militante del Colectivo Sumaj Kawsay (parte de la Asamblea Socioambiental del NOA -Asanoa-). “Si bien en muchos aspectos y dimensiones esta década pasada ha significado el avance en la restitución y recuperación de derechos conculcados y/o vulnerados desde el terrorismo de estado al neoliberalismo de guerra de los '90, también hay que marcar en esta década se ha abierto también un nuevo ciclo de violación a los derechos humanos”, afirma Machado Aráoz. Y denuncia: “Los derechos más elementales de poblaciones fumigadas, intoxicadas a gran escala, sometidas a voladuras y a la contaminación masiva de sus fuentes de agua, sus suelos y su atmósfera, poblaciones perseguidas y reprimidas, por policías provinciales, por la Gendarmería y por patotas y guardias para-policiales armadas desde una perversa articulación 'público-privada' por terratenientes sojeros, empresarios mineros, petroleros, y caudillos políticos provincianos”.
Araóz, coautor del libro “15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina”, describe que en la última década en las provincias ha crecido el (término nuevo) “feu-deralismo extractivista”. Explica que los “ingresos” de las actividades primario-exportadoras han contribuido muy poco a avanzar en la democratización de las sociedades: "Si bien se han recuperado los niveles de empleo y se ha reducido la pobreza, también es cierto que ha crecido la proporción de la población cautiva, sujeta a los mandatos de punteros políticos que manejan la administración arbitraria de políticas y recursos asistencialistas”.
Resume al extractivismo como la “combinación de la depredación de los ecosistemas, la degradación de las condiciones de salud, y el deterioro y vulneración de derechos y las condiciones de una democracia sustantiva”.
Pueblos originarios
En mayo de 2010, una histórica marcha de pueblos indígenas llegó hasta Plaza de Mayo, en el marco de las celebraciones del “Bicentenario”. Habían marchado durante una semana en tres columnas (NOA, NEA y Patagonia). Y fueron recibidos por la Presidenta. Hubo promesas de nuevas leyes, entrega de radios comunitarias y fotos protocolares, pero no hubo respuesta sobre la principal demanda de los pueblos indígenas: el territorio.
Un año después, se conoció el audio de esa histórica reunión. La Presidenta advirtió que priorizará la actividad petrolera por sobre las comunidades y les pidió ser “inteligentes” para aceptar los avances de la modernidad.
Fue la confirmación de que el modelo extractivo (ejemplificado con el petróleo) iba a tener prioridad por sobre territorio indígena. El discurso de la Presidenta duró 14 minutos y 57 segundos. Llamó en nueve oportunidades a ser “inteligentes” para negociar y aceptar los cambios. También llamó a ser “realistas” y “sensatos”.
Cuando la reunión terminaba, de imprevisto, tomó la palabra Paz Argentina Quiroga, Amta (guía espiritual) del Pueblo Nación Warpe de San Juan. ”Le pido que tenga una reflexión en relación a estas cuestiones porque no es sólo un problema de discriminación, es una deuda histórica que el país de los argentinos que va a cumplir 200 años todavía tiene (...) Soy capaz de decirle en la cara y mirándola a los ojos, voy a decirle a usted, tenemos mucha inteligencia. No se trata sólo de organizarse y ser inteligente cuando tenemos un territorio avasallado por las trasnacionales”, contestó la referente warpe y, frente a la misma Presidenta, le aclaró: ”somos un pueblo espiritual y de resistencia. Hemos resistido pero también necesitamos de un estado nacional y provincial que ejecute las leyes”.
A tres años de aquel hecho histórico, la guía espiritual evalúa los diez años de gobierno kirchnerista: “Esta década unos la dan por 'ganada' y otros por 'perdida'. Para los pueblos indígenas es una década ensangrentada, llena de dolor, desalojos y judicialización. Este Gobierno no cesa con sus planes extractivistas, una muestra es que entrega la cordillera a las multinacionales mineras. Pero estamos de pie y seguiremos en lucha”.
Un capítulo aparte debiera escribirse sobre la lucha de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa. La sistemática violencia del gobierno de Gildo Insfrán es un símbolo de padecer de los pueblos originarios de Argentina y de la impunidad de los gobiernos feudales.
Represión
El 9 de febrero de 2012, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta (Catamarca) a hombres, mujeres y niños que cortaban el paso a los camiones de Minera Alumbrera, símbolo de la megaminería en Argentina. Hubo balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases lacrimógenos para todos.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC, que reúne a asambleas de todo el país) declaró el estado de altera y movilización. “La respuesta de los gobiernos cómplices de las transnacionales ha sido la represión (…) Las amenazas y los maltratos hacia las resistencias populares a la brutal megaminería no finalizan (…) La brutalidad y las amenazas provenientes del Estado nacional y los estados provinciales, no cesa. Las empresas mineras pretenden avanzar sin más, imponiendo su política de ganancias y destrucción”.
En julio pasado, en Cerro Negro (cruce de rutas 40 y 60), la policía de Catamarca y grupos de choque reprimieron a asambleístas que rechazan la megaminería y bloqueaban el paso de camiones de Minera Alumbrera. En un hecho insólito en democracia, 56 militantes fueron forzados por la policía a dejar la provincia.
En noviembre pasado fue el turno de Rawson, donde patotas promineras, de la Uocra y punteros políticos golpearon con cadenas y palos a asambleístas en la puerta de Legislatura.
El sábado 11 de mayo pasado reprimieron a asambleístas de Famatina (La Rioja), que resiste el avance de la megaminería. El miércoles 22 de mayo, la policía de Chaco reprimió un corte de ruta en Castelli (realizado por comunidades qom y organizaciones sociales que reclamaban por la forma de distribución de planes sociales). Ayer nomás, 24 de mayo, fue el turno de comunidades Tonocoté en Santiago del Estero.
Sólo un puñado de las decenas de represiones de los últimos años.
Y la judicialización también está presente. Solo en el NOA hay 150 activistas socioambientales judicializados. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas contabilizó 347 integrantes del Pueblo Mapuche judicializados en Neuquén por defender el territorio. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC) precisa que 500 campesinos enfrentan causas judiciales por resistir los desalojos.
En los últimos años cinco años se sucedieron asesinatos y muertes dudosas (catalogados como “accidentes” por la policía pero denunciadas como asesinatos por las organizaciones sociales). Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé --beba de 10 meses-- (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera), Florentín Díaz (22 de mayo, qom de Chaco).
Tanto la violencia contra asambleas socioambientales como los asesinatos de campesinos e indígenas tienen un denominador común: el silencio de la Presidenta.
Fuente: http://www.comambiental.com.ar/2013/05/la-decada-extractiva.html
viernes, 26 de abril de 2013
"Democratización" de la "Justicia"
Versiones y operaciones:
Las nuevas Leyes Judiciales, Pág/12
Reforma Judicial reaccionaria y antidemocrática, PTS
La reforma judicial, un episodio de la crisis política, PO
Las nuevas Leyes Judiciales, Pág/12
Reforma Judicial reaccionaria y antidemocrática, PTS
La reforma judicial, un episodio de la crisis política, PO
jueves, 25 de abril de 2013
Recomendación: Fabián Harari
Investigador del conicet, doctor en historia, docente en la UBA.
Acá dos cositas nomás:
La primera, una lectura obrera sobre la reforma judicial (y un poco de los cacerolazos) que muestra un tanto (para el que le interesa ver en serio) los límites teóricos del pensamiento de la actual administración nacional sobre el asunto (consciente o de pura ignoracia y pertenencia a las elites -es irrelevante el tratamiento de las intenciones en este punto-). Tristísimas las intervenciones finales de Crous y Fuentes.
http://youtu.be/XK1VzrApbsU
La segunda es un prólogo al libro "La impunidad Imperial".
Acá dos cositas nomás:
La primera, una lectura obrera sobre la reforma judicial (y un poco de los cacerolazos) que muestra un tanto (para el que le interesa ver en serio) los límites teóricos del pensamiento de la actual administración nacional sobre el asunto (consciente o de pura ignoracia y pertenencia a las elites -es irrelevante el tratamiento de las intenciones en este punto-). Tristísimas las intervenciones finales de Crous y Fuentes.
http://youtu.be/XK1VzrApbsU
La segunda es un prólogo al libro "La impunidad Imperial".
miércoles, 24 de abril de 2013
El final del camino para las fábricas deslocalizadas?
Acá el link de una nota interesante que habla sobre el asunto del sistema de producción deslocalizado al cual se le terminan los nichos de miseria donde ir a buscar "empleados". Lo que se denomina eufemísticamente como "competitividad".
Qué dirá Méndez de esto?
Qué dirá Méndez de esto?
martes, 23 de abril de 2013
Preguntitas sobre Dios
Y en el apartado pensando giladas cual conde Inlgés, les acercamos este intelectual debate entre Bertrand Russell y Frederick Copleston.
No se están preguntando cosas sin sentido como cuál es la función de la fe en la tarea diaria de los curas que siguen la teología de la liberación, o si el banco del vaticano podría existir sin la corrupción de los gobiernos, la venta de armas y el narcotráfico: ellos son intelectuales y nos dejan a nosotros esas preguntas. Por suerte.
Política y Miseria, de Raúl Zibechi
Acá un libro interesantísimo sobre el modelo neodesarrollista latinoamericano actual y sus raíces en la doctrina del Banco Mundial bajo la administración de Robert Mc Namara.
Política y Miseria.
Todo muy nacional y popular, of córs.
Política y Miseria.
Todo muy nacional y popular, of córs.
Corrupción política y periodismo
Todo el periodismo corporativo (esto es: todas las notas que salen en los diarios que se financian con publicidad, sea oficial o privada) son operaciones.
El signo y destino de las operaciones cambian, pero ninguno de estos periodistas lo hace para honrar a "la verdad", que, dicho sea de paso, no existe.
En la nueva operación de Lanata, éste intenta desnudar algo que todos saben que existe: la corrupción de los individuos en las altas esferas del estado.
No me interesa saber si Lázaro Báez lava guita, sería uno de tantos casos de lavado de dinero que, oh cosa rara, ni siquiera es ilegal. Porque la legalidad, amigos, es un resultado de un funcionamiento institucional donde los ricos, que son los de las altas esferas del poder político y económico, se cuidan entre ellos.
Debemos tener en cuenta que el problema no son los individuos sino el sistema institucional donde estos individuos se mueven, y el sistema de valores que hace que sean esos individuos y no otros los que decidan sobre la cosa pública. Dejo a otros la tarea de defender a un millonario o a otro.
Sobre estas operaciones, vemos, hoy, esto:
Lanata habla sobre el lavado de dinero en su programa, mencionando valijas, dinero en efectivo y demás cosas innecesarias para, hoy, lavar dinero.
Un tipo perseguido por la JP Morgan, que fue un lavador de dinero para los clientes de esa misma institución (al tipo lo denunciaron por estafa, entonces él mismo intenta defenderse ventilando todas las matufias de las que fue parte. En una reunión de una agrupación peronista, alguien le pregunta: y ud cómo podría ayudar?), hoy ayuda al kirchnerismo a socavar la credibilidad de Lanata.
En el medio de las operaciones, veo gente que defiende a uno u otro millonario. En fin.
El signo y destino de las operaciones cambian, pero ninguno de estos periodistas lo hace para honrar a "la verdad", que, dicho sea de paso, no existe.
En la nueva operación de Lanata, éste intenta desnudar algo que todos saben que existe: la corrupción de los individuos en las altas esferas del estado.
No me interesa saber si Lázaro Báez lava guita, sería uno de tantos casos de lavado de dinero que, oh cosa rara, ni siquiera es ilegal. Porque la legalidad, amigos, es un resultado de un funcionamiento institucional donde los ricos, que son los de las altas esferas del poder político y económico, se cuidan entre ellos.
Debemos tener en cuenta que el problema no son los individuos sino el sistema institucional donde estos individuos se mueven, y el sistema de valores que hace que sean esos individuos y no otros los que decidan sobre la cosa pública. Dejo a otros la tarea de defender a un millonario o a otro.
Sobre estas operaciones, vemos, hoy, esto:
Lanata habla sobre el lavado de dinero en su programa, mencionando valijas, dinero en efectivo y demás cosas innecesarias para, hoy, lavar dinero.
Un tipo perseguido por la JP Morgan, que fue un lavador de dinero para los clientes de esa misma institución (al tipo lo denunciaron por estafa, entonces él mismo intenta defenderse ventilando todas las matufias de las que fue parte. En una reunión de una agrupación peronista, alguien le pregunta: y ud cómo podría ayudar?), hoy ayuda al kirchnerismo a socavar la credibilidad de Lanata.
En el medio de las operaciones, veo gente que defiende a uno u otro millonario. En fin.
lunes, 22 de abril de 2013
Entrevista Assange-Schmimdt
Una interesante entrevista entre el careta de Eric Schmidt (ex CEO de google y actual asesor del gobierno de Obama) y Julian Assange de Wikileaks.
El tipo de preguntas que se hace Assange, y los intentos de llegar a una respuesta que sea operativa son sumamente interesantes.
Como nota de color, es interesante ver el tipo de reacción que tuvo en un blog kirchnerista esta idea de libertad de información:
"Julián Assagne: en esta segunda tanda de cables no te metiste con un imperio en decadencia y belicoso. Te metiste con el Estado. Te metiste con los Estados. Te metiste con nosotros.Si te agarra Interpol, no me voy a poner a llorar."
El tipo de preguntas que se hace Assange, y los intentos de llegar a una respuesta que sea operativa son sumamente interesantes.
Como nota de color, es interesante ver el tipo de reacción que tuvo en un blog kirchnerista esta idea de libertad de información:
"Julián Assagne: en esta segunda tanda de cables no te metiste con un imperio en decadencia y belicoso. Te metiste con el Estado. Te metiste con los Estados. Te metiste con nosotros.Si te agarra Interpol, no me voy a poner a llorar."
Links 22/4
A contramano de la procesión.
Se hace difícil soportar el mito de que un jerarca de una institución como la iglesia católica (así, con minúsculas) puede ser un "tipo bueno". Ajá....
Más derechos de pueblos originarios vulnerados
El resultado de un modelo de acumulación, que es a la vez económico y político (cosas en definitiva indivisibles), sin las caretas de progresismo, nacionalismo o populismo. De paso, un quiebre en la línea editorial de ese panfleto del kirchnerismo en que se ha convertido Pág/12.
Acá, otro artículo más.
Y en noticias del exterior, para notar que esto del atropello a los pueblos originarios no es un tema nuevo, ni nacional y popular: la relación del actual presidente de Guatemala con masacres indígenas.
viernes, 8 de febrero de 2013
La violencia enmarcada en un modelo económico (que es, claro, político), enmarcado a su vez en un modelo de acumulación.
El método de la amenaza
Un miembro de la comunidad indígena Vilela en Tres Leones, ubicada a 150 kilómetros de la capital provincial, contó que un empresario simuló fusilarlo para amedrentarlo en medio de un conflicto por tierras. La denuncia del Movimiento Nacional Campesino Indígena.
Juan Santillán, miembro de la comunidad indígena Vilela en Tres Leones, ubicada a 150 kilómetros al noreste de la capital de Santiago del Estero, denunció haber sido atacado por un empresario y siete empleados de éste. Dijo que además de golpearlo, lo subieron a una camioneta, lo llevaron hasta un descampado y los hicieron caminar desnudo alrededor de mil metros y simularon fusilarlo con una escopeta. “Después me llevan nuevamente hasta la camioneta negra Hilux e intentan obligarme a subir. Me niego, me afirman nuevamente el caño de la escopeta en la espalda, (el empresario) me dice ‘te vamos a violar’. Me rebelo, ‘mátame ya, qué mierda’, le digo”, aseguró Santillán y agregó que lo dejaron ir si no volvía al lugar. Luego, amenazaron con matar a sus once hijos.
“Esta comunidad viene resistiendo y haciendo defensa pacífica del territorio ancestral que innumerables empresarios han pretendido usurpar desde el 2005. La violencia empresarial y policial aumentó con tal de amedrentar y desarticular el territorio”, afirmó en un comunicado el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (Mocase). Allí se afirma que el hecho denunciado ocurrió el 30 de enero pasado, cuando Santillán estaba en el monte comunitario buscando leña y fue atacado por el empresario y un escuadrón integrado por siete empleados.
“Primero me apuntaron, me golpearon y tiraron al suelo, luego me ordenaron que me saque la ropa y a punta de escopeta el señor P. (el empresario) junto con sus cómplices, me llevaron por un camino... Me hacen caminar un kilómetro desnudo, paran y me dicen que abra la boca, quieren fusilarme con una escopeta 12/70 automática”, relató Santillán. Luego, lo habrían devuelto a la camioneta para amenazarlo una vez más: “Andate, pero no vuelvas más, si no los voy a matar a tus once hijos, uno a uno, como ratas”, le habría gritado el empresario.
La comunidad Vilela en Tres Leones, según un plano de Institucional Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), ocupa un territorio comunitario de 24.684,55 hectáreas, con amplias zonas de pastoreo, caza y recolección. El hecho ya fue denunciado ante la jueza Rosa Falco, comentó a este diario Cariló Olaiz, del Mocase. “Estas personas ya ocuparon un lugar hace más de un año, a punta de pistola, y montaron una casilla. La jueza Falco ordenó el desalojo y dictó una medida de no innovar que venció en noviembre pasado. Y un mes después volvieron”, dijo.
El empresario en cuestión, agregó, es oriundo de Río Tercero, Córdoba. “No sabemos bien qué es lo que quiere hacer en ese terreno que quiere ocupar y en el que metió entre 10 y 15 personas armadas. Probablemente lo utilice para agricultura o ganadería. El año pasado encontramos gente sembrando porotos, soja”, comentó Olaiz. El terreno que intentaría ocupar este empresario está en la parte norte del terreno comunitario, conocido como Pampa Charquina, donde hay una serie de caminos rurales, muy transitados porque son abiertos al resto de los población.
“Desde la comunidad de Tres Leones se han hecho más de 50 denuncias en la policía, en los juzgados y organismos del Estado provincial como la Dirección de Bosques dependiente del ministro de la Producción, Luis Gelid, y en otros ámbitos, por los hechos de violencia contra las familias que habitamos el territorio”, sostuvieron en el comunicado de Mocase y acusaron a la policía de Tintina, en el departamento de Moreno, de hacer “adicionales para los empresarios”.
Desde el Mocase denuncian que por negligencia de la policía provincial, “no hay investigación para dar con las pruebas a la vista de armas que portan los sicarios, no dan con nuestros animales robados, nada hacen por las amenazas que sufren nuestros hijos e hijas, continúan cortados caminos vecinales por los campamentos de bandas armadas que custodian una topadora que realiza desmontes y deslindes en nuestro territorio”.
jueves, 14 de junio de 2012
ONGs
Esta nota,sobre Gustavo Grobocopatel (que, como nota de color, quiere decir “el que
cava las tumbas” en Ruso), toca, de costadito, un tema interesante que hace
media hora vengo viendo (son los tiempos modernos, hay poco). El título es
banana, pésimo, convengamos. Pero ese no es el tema.
El tema es
que dice que Paula, su mujer, es vicedirectora de Poder Ciudadano, que es la
pata argentina de Transparency International (que tiene,
este management, que son,
claro, caretas).
Ahora, en el
sitio de Poder Ciudadano, dice que sus miembros son éstos y no veo a
la mujer de Grobocopatel, que hasta ahora lo único que sé es que se llama
Paula.
Entonces
busco en google a Paula Grobocopatel-con
firefox, ahí notan- y me sale este link,
que dice que “Paula Grobocopatel, la esposa de Gustavo, tiene a su cargo la
“gestión de talentos.” Lo dicen en un paper de Harvard, debe ser cierto.
Entonces
googleo “paula grobocopatel poder ciudadano”y me sale el
CV de Paula Marra, que
resultó ser la Directora del área de Gestión de Talentos del grupo los Grobo
hasta 2011.
Entonces
busco “paula grobocopatel marra”, done se
evidencia que Paula Marra, Paula Grobocopatel y la mujer de Grobocopatel,
Paula, son la misma persona.
Primer tema:
alguien no dice todo: el sitio de poder ciudadano no muestra lo actual, o bueh,
nah seh, de todas maneras, no es lo importante.
Lo
importante son las ONG, o algunas ONGs, mejor dicho.
Entonces leo
3 artículos en mi escuelita de izquierda, Rebelión
Y una
cortita y al pié:
Desde ya que no creo que todas las ONGs sean lo mismo, por eso es interesante saber el financiamiento. Y saberlo posta, porque sabemos que lo que digan en sus sitios, importa poco.
miércoles, 1 de febrero de 2012
Atahualpa.
Atahualpa dice un par de cosas, y dice un par de cosas lindas.
Algo que para mi es cercano a la sabiduría, si es que tal cosa puede existir, y si es que yo puedo ver un poco que es, tal cosa.
Cuando uno viaja rápido no hay nada que madure. Nada madura en un camino hecho en avión.
Y ahí, voy pensando, de a poco, en irme, en recorrer, en conocer, y sobre todo, en escuchar. Aprender a escuchar a todos esos que uno encuentra en el camino y cuyas voces no oigo, de tanto escucharme a mí mismo.
lunes, 30 de enero de 2012
Invisible Hand
El único pasaje donde Adam Smith nombra, en "La Riqueza de las Naciones", a la "mano invisible.
"Every individual is continually exerting himself to find out the
"Every individual is continually exerting himself to find out the
most advantageous employment for whatever capital he can command.
It is his own advantage, indeed, and not that of the society,
which he has in view. But the study of his own advantage naturally,
or rather necessarily, leads him to prefer that employment
which is most advantageous to the society.
First, every individual endeavours to employ his capital as near
home as he can, and consequently as much as he can in the support
of domestic industry, provided always that he can thereby
obtain the ordinary, or not a great deal less than the ordinary profits
of stock.
Thus, upon equal, or nearly equal profits, every wholesale merchant
naturally prefers the home trade to the foreign trade of consumption,
and the foreign trade of consumption to the carrying
trade. In the home trade, his capital is never so long out of his
sight as it frequently is in the foreign trade of consumption. He
can know better the character and situation of the persons whom
he trusts; and if he should happen to be deceived, he knows better
the laws of the country from which he must seek redress. In the
carrying trade, the capital of the merchant is, as it were, divided
between two foreign countries, and no part of it is ever necessarily
brought home, or placed under his own immediate view and command.
The capital which an Amsterdam merchant employs in
carrying corn from Koningsberg to Lisbon, and fruit and wine
from Lisbon to Koningsberg, must generally be the one half of it
at Koningsberg, and the other half at Lisbon. No part of it need
ever come to Amsterdam. The natural residence of such a merchant
should either be at Koningsberg or Lisbon; and it can only
be some very particular circumstances which can make him prefer
the residence of Amsterdam. The uneasiness, however, which he
feels at being separated so far from his capital, generally determines
him to bring part both of the Koningsberg goods which he
destines for the market of Lisbon, and of the Lisbon goods which
he destines for that of Koningsberg, to Amsterdam; and though
this necessarily subjects him to a double charge of loading and
unloading as well as to the payment of some duties and customs,
yet, for the sake of having some part of his capital always under
his own view and command, he willingly submits to this extraordinary
charge; and it is in this manner that every country which
has any considerable share of the carrying trade, becomes always
the emporium, or general market, for the goods of all the different
countries whose trade it carries on. The merchant, in order to save
a second loading and unloading, endeavours always to sell in the
home market, as much of the goods of all those different countries as he can; and thus, so far as he can, to convert his carrying
trade into a foreign trade of consumption. A merchant, in the
same manner, who is engaged in the foreign trade of consumption,
when he collects goods for foreign markets, will always be
glad, upon equal or nearly equal profits, to sell as great a part of
them at home as he can. He saves himself the risk and trouble of
exportation, when, so far as he can, he thus converts his foreign
trade of consumption into a home trade. Home is in this manner
the centre, if I may say so, round which the capitals of the inhabitants
of every country are continually circulating, and towards
which they are always tending, though, by particular causes, they
may sometimes be driven off and repelled from it towards more
distant employments. But a capital employed in the home trade,
it has already been shown, necessarily puts into motion a greater
quantity of domestic industry, and gives revenue and employment
to a greater number of the inhabitants of the country, than an
equal capital employed in the foreign trade of consumption; and
one employed in the foreign trade of consumption has the same
advantage over an equal capital employed in the carrying trade.
Upon equal, or only nearly equal profits, therefore, every individual
naturally inclines to employ his capital in the manner in
which it is likely to afford the greatest support to domestic industry,
and to give revenue and employment to the greatest number
of people of his own country.
Secondly, every individual who employs his capital in the support
of domestic industry, necessarily endeavours so to direct that
industry, that its produce may be of the greatest possible value.
The produce of industry is what it adds to the subject or materials
upon which it is employed. In proportion as the value of this
produce is great or small, so will likewise be the profits of the
employer. But it is only for the sake of profit that any man employs
a capital in the support of industry; and he will always, therefore,
endeavour to employ it in the support of that industry of
which the produce is likely to be of the greatest value, or to exchange
for the greatest quantity either of money or of other goods.
But the annual revenue of every society is always precisely equal
to the exchangeable value of the whole annual produce of its industry,
or rather is precisely the same thing with that exchangeable
value. As every individual, therefore, endeavours as much as
he can, both to employ his capital in the support of domestic
industry, and so to direct that industry that its produce maybe of
the greatest value; every individual necessarily labours to render
the annual revenue of the society as great as he can. He generally,
indeed, neither intends to promote the public interest, nor knows
how much he is promoting it. By preferring the support of domestic
to that of foreign industry, he intends only his own security; and by directing that industry in such a manner as its produce
may be of the greatest value, he intends only his own gain;
and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand
to promote an end which was no part of his intention. Nor is it
always the worse for the society that it was no part of it. By pursuing
his own interest, he frequently promotes that of the society
more effectually than when he really intends to promote it. I have
never known much good done by those who affected to trade for
the public good. It is an affectation, indeed, not very common
among merchants, and very few words need be employed in dissuading
them from it."
Como explica Chomsky en este video.
Bueh
Por ahi caigo con cada cosa.. acá una breve y coqueta bio de la Yúli Agüada:
http://www.clarin.com/zona/Juliana-Awada-Primera-Dama-sonreir_0_636536536.html
http://www.clarin.com/zona/Juliana-Awada-Primera-Dama-sonreir_0_636536536.html
"Tuvo una infancia y una adolescencia formada con las costumbres de una clase media acomodada; sueños diseñados entre colores combinados, cortes, telas y modelos. Una educación bilingüe en un colegio inglés de Belgrano que ya no existe, el Chester College; un poco de hockey, pero mucho más de golf en el club San Andrés. Y después los viajes, Nueva York, París, los desfiles pret-a-porter, las tardes en las galerías de arte, algún curso de cocina, un viaje de estudios a Inglaterra, después del secundario, para estudiar Diseño (aunque ella hubiera preferido la Parsons School de Nueva York) y un matrimonio prematuro con Gustavo Capello, a los 23, tomado casi como “un accidente” por su brevedad. Así fueron pasando los años."
"Durante la década del ‘90, los Awada, oriundos de Baalbek, Líbano, accedieron a franjas no marginales del menemismo, unidos por relaciones familiares. Alejandro Tfeli, primo hermano de Juliana, fue el histórico médico de cabecera del ex presidente Menem. Y Alberto Artemio Rossi, marido de Zoraida Awada, fue el arquitecto que le diseñó “La Rosadita” de Anillaco, y le construyó un refugio en el cerro, que llamó “Aguadas de las alturas”. Demasiado cercano al poder, el arquitecto Rossi fue involucrado en el expediente del tráfico ilegal de armas, pero superó rápido esa lamentable instancia."
"Durante la década del ‘90, los Awada, oriundos de Baalbek, Líbano, accedieron a franjas no marginales del menemismo, unidos por relaciones familiares. Alejandro Tfeli, primo hermano de Juliana, fue el histórico médico de cabecera del ex presidente Menem. Y Alberto Artemio Rossi, marido de Zoraida Awada, fue el arquitecto que le diseñó “La Rosadita” de Anillaco, y le construyó un refugio en el cerro, que llamó “Aguadas de las alturas”. Demasiado cercano al poder, el arquitecto Rossi fue involucrado en el expediente del tráfico ilegal de armas, pero superó rápido esa lamentable instancia."
"En los últimos tiempos, Awada y Cheeky fueron involucrados judicialmente en una megacausa de empresas textiles que “tercerizaban” la elaboración de sus productos en talleres clandestinos con trabajo esclavo. Finalmente, el juez Guillermo Montenegro los sobreseyó, en una de sus últimas resoluciones antes de ingresar al elenco ministerial del PRO. En la actualidad, Awada cuenta con trece locales propios y una facturación anual estimada en 25 millones de pesos.
Pomy también tuvo un papel destacado cuando Juliana, tras la separación de su primer marido, inició su relación con el conde Bruno Laurent Barbier. Ambos habían coincidido en la business class de un vuelo de Air France. Cuando la nave aterrizó en París, tras largas horas de conversación, el conde le anticipó a Pomy: “Me voy a casar con su hija”, y continuó viaje a Bélgica, su país de origen. Su determinación y su simpatía hicieron que Pomy avalara la relación con el millonario, poseedor de una fortuna familiar estimada en casi 400 millones de euros. Nunca se casaron, pero tuvieron a Valentina. En la Argentina, Barbier es empresario sojero. Agroinvest S.A., que lo tiene como director, cuenta con más de 10 mil hectáreas en provincia de Buenos Aires y 32 mil en todo el país. Entre aviones privados, veranos con el jet set europeo y las visitas a la casa Hermès, la pareja fue armando su mundo social, cruzando amistades con las familias Saguier o Gastaldi, y sin desdeñar el ambiente político: el gobernador Daniel Scioli y Karina Rabolini estaban entre las parejas que frecuentaban."
Y bueh, no tiene desperdicio. Al periodista lo deben haber rajado de Clorín, por romperle el cerco mediático... ah, los pequeños agujeritos de los grandes medios...
Arranque.
Cuando empecé a escribir en este blog, tenía una idea de la realidad (así de pomposo: tenía UNA idea de lo que era y es, la realidad). Y hoy tengo otra, y mañana tendré, claro, otra.
Por eso, ahora creo que tengo que escribir más... suelto. Así puede que se vea un poco más algo que se va haciendo. Porque ahora creo justamente eso, que mi idea de la realidad no es, sino que se va haciendo. Lo cual es una obviedad, pienso ahora, claro, que ya lo pensé.
De todas maneras, ir dejando impresiones, lecturas e impresiones de lectura o de, ponele, algo que aparezca por ahi.
Y bueno, eso, que arranco de nuevo.
Y bueno, eso, que arranco de nuevo.
Escribo esto, más que nada, porque quiero acordarme cuando más adelante lo lea, de lo que hoy, ahora, pensaba.
Y salú.
Y salú.
sábado, 12 de marzo de 2011
La difícil unidad de las fuerzas antisistémicas.
Por Raúl Zibechi.
Ahora que el sistema atraviesa serias dificultades para sobrevivir a mediano plazo, la actitud de las fuerzas antisistémicas empieza a jugar un papel decisivo. Mucho antes de pensar en alguna forma de unidad o de coordinación estable, debe constatarse que coexisten en el universo de quienes están por cambios de fondo una gama de diferencias que dificultan una mínima visión común de los hechos.
Un buen ejemplo es la actitud hacia la revuelta árabe y, muy en particular, el caso de Libia. Hay amplios sectores antisistémicos –o que dicen serlo– que simpatizan con Kadafi, observan la revuelta en su contra como una maniobra occidental y no dan mayor importancia a la masacre que el régimen está haciendo contra su propio pueblo. Una parte de este sector, y no me refiero sólo a algunos gobernantes, siguió con simpatía las revueltas triunfantes en Túnez y en Egipto, pero no así en aquellos países cuyos gobiernos tienen algún grado de enfrentamiento con Estados Unidos. Una hipotética revuelta popular en Irán, o en China, por ejemplo, no sería acompañada por amplios sectores que se entusiasman con revueltas similares en otros países.
Esta es apenas una de las múltiples contradicciones que atraviesan el campo anti imperial-capitalista. Todo indica que a medida que la crisis se vaya profundizando y las contradicciones se hagan más virulentas y complejas, las diferencias se harán mayores. Sin pretender agotar el tema sino apenas abrir un debate, parece necesario abordar cuatro aspectos en los que hoy se manifiestan hondas diferencias.
El primero es la actitud hacia el Estado. En el seno de los antisistémicos hay por lo menos dos posiciones contrapuestas: convertirse en Estado o rechazar ese camino para construir algo diferente. Parece evidente que la mayor parte de los movimientos están a favor de la primera opción, para la cual trabajan de modo consistente ya sea por la vía electoral o por la insurreccional o, más frecuentemente, combinando las dos. A medida que se profundiza la descomposición del sistema, parece crecer la oposición interna a los gobiernos progresistas y los alineados con el socialismo del siglo XXI, lo que tiende a reabrir un debate que iniciaron los zapatistas y algunos intelectuales en la década de 1990.
Los problemas que presenta este camino son evidentes y en esa coyuntura se hacen aún más nítidos. El riesgo de legitimar el orden mundial y de usar el aparato estatal para lo que realmente ha sido creado: controlar y reprimir a los de abajo.
La segunda cuestión ha sido planteada semanas atrás por Immanuel Wallerstein al destacar las diferencias entre quienes optan por el desarrollo y la modernidad y quienes llaman a un cambio civilizatorio, sobre todo los movimientos indígenas que apelan al buen vivir
. Es cierto que este es un asunto crucial del cual depende el modo como se vaya a resolver la crisis sistémica, pero no está en absoluto separado de la primera opción.
Si las fuerzas que buscan cambiar el mundo optan por el camino estatal, esa lógica impone sostener el Estado del que se han hecho cargo y, en consecuencia, deben asumir el desarrollo y profundizarlo. Es lo que están haciendo los gobiernos sudamericanos a través del extractivismo. Los estados necesitan recursos urgentes e ingentes que sólo pueden conseguir cediendo territorios a la acumulación por desposesión, lo que inevitablemente choca con la resistencia de los pueblos indígenas, con campesinos y pobres urbanos.
En teoría, se puede argumentar, habría otros caminos desde el Estado. Pero los hechos dicen lo contrario. El resultado es una creciente polarización social y política, inherente al extractivismo, que hace que el Estado sea cada vez más Estado y las resistencias cada vez más porfiadas. Por el contrario, los que rechazan el camino estatal se han abocado a construir formas de poder rotativas, territoriales o no, que ya no responden a la familia de los estados-naciones.
El tercer problema se relaciona también con estas opciones. Las fuerzas antisistémicas pertenecen a dos grandes familias culturales: las que responden a la forma-Estado, como los partidos, y las que anclan su potencia en las diversas formas que asumen las comunidades. Éstas pueden ser las tradicionales comunidades indígenas renovadas y democratizadas, o bien comunidades urbanas y campesinas, pero siempre responden a otra forma de construcción.
En las coordinaciones entre estas fuerzas, por más flexibles y horizontales que sean, la cultura de la representación y la de la democracia directa suelen chocar y los entendimientos no son sencillos. Pero tienden a ser las organizaciones estadocéntricas –desde los partidos y las grandes centrales sindicales hasta las ONG– las que terminan apoderándose de los espacios comunes, monopolizando la palabra y convirtiéndose en representantes de la diversidad que, mal que nos pese, queda marginada.
No niego que en este terreno se ha avanzado bastante, que se ha conseguido construir espacios colectivos donde el respeto a la palabra y la identidad de los otros es incomparablemente mayor que antaño. Sin embargo, estamos ante una dificultad que debe ser debatida y no ocultada.
En cuarto lugar, está la cuestión de la ética. ¿Es posible compatibilizar Estado y ética? Para ser más preciso: ¿cómo se puede llevar ética a un tipo de relación, como la estatal, que separa rigurosamente medios y fines? El Estado es una relación instrumental, racional, vertical, una herramienta adecuada para mandar mandando que no puede mandar obedeciendo porque entraría en implosión, si es que su propio modo de hacer no lo impide por la fuerza.
En estos momentos tan cargados de esperanza que vivimos, asumir estos debates con serenidad supone aceptar los límites de ambas estrategias. Quienes apostamos a un camino no estatal sabemos que no estamos en condiciones, por el momento, de ir más allá de experiencias locales y regionales. Unos y otros nos necesitamos y podemos hacer juntos, a condición de colocar la honestidad y la ética en el timón de mando.
martes, 8 de febrero de 2011
Este es el modelo de democracia que algunos consideran correcto.
Obama se dirige a corporaciones en discurso en la Cámara de Comercio
El Presidente Obama habló en la Cámara de Comercio el lunes, como parte de su campaña para llegar a las empresas estadounidenses. La Cámara gastó más de 50 millones de dólares durante la campaña legislativa del año pasado, gran parte de ello en anuncios televisivos para que los republicanos fueran electos. El Presidente Obama exhortó a las empresas estadounidenses a reanudar las contrataciones mientras explicó a grandes rasgos una serie de iniciativas para ayudar a la comunidad empresarial.
Obama dijo: “Lo que me lleva a la responsabilidad final del gobierno: derribar algunas de las barreras que los separan del éxito. En lo que respecta a las exportaciones, eso significa buscar nuevas oportunidades y abrir nuevos mercados para sus productos […] Ahora, otra barrera que el gobierno puede quitar, y he escuchado mucho al respecto de muchos de ustedes, es un código de impuesto corporativo gravoso con una de las mayores tasas del mundo […] Lo que me lleva a las últimas barreras que estamos intentando quitar, y esas son las regulaciones anticuadas e innecesarias. Ordené una revisión a nivel gubernamental, y si hay normas en los libros que innecesariamente están reprimiendo la creación de trabajos y el crecimiento económico, las arreglaremos”.
Obama defiende nuevos acuerdos de libre comercio
Durante su discurso en la Cámara de Comercio, el Presidente Obama también defendió la firma de nuevos acuerdos de libre comercio.
Obama dijo: “Culminamos un acuerdo comercial con Corea del Sur que apoyará al menos 70.000 trabajos estadounidenses. Y por cierto, es un acuerdo con un apoyo sin precedentes por parte de las empresas y los obreros, demócratas y republicanos. Ese es el tipo de acuerdo que estaré buscando mientras procuramos acuerdos comerciales con Panamá y Colombia, mientras trabajamos para incorporar a Rusia a un sistema de comercio internacional”.
Las versiones locales tienen otros matices.
Recordemos la idea de Smith: los hacedores de políticas públicas son los que se encargan de que las leyes sostengan sus intereses, sin importar el daño que pueden hacerle al resto de la población.
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